Nilda Garre... Respaldo de diversos dirigentes por sus denuncias de corrupción en la Federal ...



GARRE EXPLICO LAS NOTIFICACIONES PREVIAS AL GOBIERNO PORTEÑO POR LOS ADICIONALES DE LA FEDERAL.

“Hay un fin político en agrandar el tema”  8-4-2011

La ministra de Seguridad aseguró que Macri busca “victimizarse” al criticar el retiro de la Federal de algunos puntos en la ciudad. Contó que se había reunido con Montenegro en febrero. El jefe de Gobierno dijo que el kichnerismo impulsa un “alud anárquico”.




El debate en torno de las custodias policiales en la ciudad de Buenos Aires enfrentó ayer a la ministra de Seguridad Nilda Garré con diferentes actores del gobierno porteño, quienes se cruzaron, de manera indirecta, con declaraciones, en distintos medios de comunicación. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, aseguró Garré, “se victimiza” en la polémica, porque la Policía Metropolitana, que cuenta con 2000 efectivos, “puede asumir perfectamente la custodia” de los edificios públicos del distrito. Macri, por su parte, negó la acusación, al tiempo que aseguró que “el kirchnerismo impulsó un alud anárquico en la Ciudad”, al tiempo que, dijo, la presidenta Cristina Fernández “nos tiene sometidos”. Por ello, el responsable comunal aprovechó una entrevista radial para pedir a la mandataria “que revise su decisión”. Garré negó tal posibilidad.

“Yo creo que hay una finalidad política en agrandar este tema y en victimizarse”, reflexionó Garré consultada en un programa radial. El 11 de febrero de este año, indicó, ella había mantenido una reunión con su par porteño, Guillermo Montenegro, durante la cual le notificó “este asunto (del retiro de la custodia) y no hizo ningún tipo de objeción ni un planteo catastrófico”. “Informé en un plazo razonable” al distrito porteño la decisión; “si no se prepararon, no es culpa nuestra”. La ministra también volvió a defender la medida, porque “beneficia a todos los vecinos y está en el interés que tiene que tener el Gobierno de la Ciudad. Es muy razonable lo que hemos planteado: nuestra prioridad es mantener el efecto disuasivo contra el delito”.

En sus declaraciones, Macri no hizo ninguna referencia a esa reunión ni a la advertencia, así como tampoco a la “escalada de notificaciones” que Garré explicó haber realizado desde febrero hasta el día en que se anunció el retiro de las custodias. Por el contrario, el jefe de Gobierno refirió al kirchnerismo como responsable de “haber impulsado un alud anárquico que tiene como escenario la Capital Federal”. La presidenta Fernández, aseguró, “nos tiene sometidos” y “nunca atiende el teléfono” para resolver los problemas porteños.

“El hospital y la escuela, ¿es parte de la ciudad o es un satélite marciano, privado y aislado del mundo?”, razonó el líder PRO. Y amplió, a continuación, la idea del “alud anárquico”: al decidir que la Policía Federal deje de custodiar edificios públicos porteños, dijo, “no es que están descuidando la casa de veraneo de la Presidenta en El Calafate”, sino “un lugar neurálgico de la ciudad”. “Con su marido”, aseguró, la Presidenta decidió que no traspasaría la Policía Federal a la jurisdicción porteña, pero “cada vez funciona peor”. Desde 2003, “la anarquía es lo que se ha predicado”. “Todo esto es un proceso que empezó hace nueve años, el cual lamentablemente es epicentro de la mayoría de las prácticas no institucionales.”

Poco después, en la misma emisora, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, pidió al gobierno nacional que dé “marcha atrás” con su decisión porque “afecta a millones de argentinos”. “Si no tuviéramos problemas de inseguridad, si hubieran hecho bien las cosas en los últimos siete años y no a pocos meses de las elecciones, no necesitaríamos policías en los hospitales”. El retiro de las custodias de la PF, aseguró, tiene por finalidad “afectar la gestión” de Macri.

De acuerdo con Garré, Montenegro no se manifestó preocupado o disconforme con la decisión en la reunión de febrero, durante la cual también trabajaron en “un convenio de cooperación”, aunque, luego, “eso quedó ahí, el borrador (enviado por la Nación a la Ciudad) no fue contestado y era otra forma de notificación”. Más adelante, el 17 de marzo, “se mandó una intimación oficial” al gobierno porteño por la deuda de casi 25 millones de pesos que mantiene con la Nación por los servicios adicionales de la Policía Federal, en la que se advertía “sobre la suspensión de todo a los 10 días si no se efectivizaba el pago y, por último, la notificación de la rescisión”.

Montenegro evitó toda referencia a las reuniones que mantuvo con Garré y a las notificaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero la ministra, por la tarde, volvió a asegurar que la Policía Metropolitana “puede perfectamente” tomar a su cargo esas custodias. Pero, evaluó, “por supuesto que a veces es la influencia de los asesores, de los Durán Barba, que aconsejan la victimización” lo que prevalece en los discursos públicos de los funcionarios.

Garré reflexionó que “cuando uno asume el Gobierno de la Ciudad sabe cuáles son las responsabilidades; ellos tienen la Policía Metropolitana, de 2000 hombres, con un entrenamiento importante. Muchos son de la Policía Federal, otros provienen de la Armada, es gente con experiencia, con manejo de armas”. Por ello, reclamó a Macri que “gestione”.

“¿Dónde están los 2000 policías metropolitanos?”, se preguntó. La responsabilidad de Macri “es gestionar y resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires”. “¿Qué hace? ¿No puede tampoco resolver los piquetes, no puede desocupar las usurpaciones? ¿Qué hace? ¿Qué hace?”


 ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
 Fuerte denuncia de Garré sobre la Federal (8-4-2011)

 La ministra de Seguridad apuntó contra la fuerza y sostuvo que "cuando se dice que una comisaría recauda bien quiere decir que extorsiona a los comerciantes".



Mientras continúan los cruces entre el gobierno porteño y el nacional por el retiro de la Policía Federal de los edificios públicos de la ciudad, la ministra de Seguridad, Nilda Garré le apuntó duramente a esa fuerza.

"El problema más serio y más complejo que tenemos es la Policía Federal", indicó Garré, según un artículo publicado por el diario Página/12 .

En ese sentido, la funcionaria nacional habló de la necesidad de reemplazar el "autogobierno" policial por la dirección del Estado. Las declaraciones fueron realizadas ante militantes y vecinos de la Comuna 3 en una charla sobre la creación de las mesas de participación comunitaria en seguridad.

La denuncia ocurre tras una profunda modificación que Garré aplicó sobre los altos mandos. Apenas llegó a su cargo, la ministra desplazó a Néstor Vallecca y nombró en su lugar al comisario Enrique Capdevilla. Esa sola designación implicó el pase a retiro de una larga lista de comisarios generales que habían estado en la anterior gestión. En marzo pasado, removió al entonces jefe de las comisarías -cuyo cargo formal es titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana- Hugo Lompizano. Pero hacia fin de mes también renovó a la mayoría de los jefes de las comisarías y nombró en esos lugares a otros oficiales más jóvenes.

La ministra fue dura con la Federal y acusó a la fuerza de corrupción. "Cuando se dice 'esa comisaría recauda bien', quiere decir que extorsiona bien a los comerciantes a los que les pide dinero a cambio de protección, y a los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla, y a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda.", dijo Garré.

Las declaraciones de la ministra se dan en el contexto de su disputa con el gobierno de Mauricio Macri por la custodia de los edificios públicos. Debido a esta situación, los 33 hospitales porteños realizan un paro en reclamo de garantías de un escenario seguro para trabajar.


EL DEBATE SOBRE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD



Nilda Garré cosechó respaldos
9-4-2011

Varios dirigentes oficialistas y opositores salieron a comentar las declaraciones que formuló en una charla con militantes la ministra de Seguridad, Nilda Garré, publicadas ayer por Página/12. La funcionaria había señalado que, en la Policía Federal, existen “sectores que disputan sobre el predominio en determinadas zonas o determinados negocios” y hablado sobre comisarías que “extorsionan a comerciantes, inmigrantes, vendedores ambulantes y cocinas de drogas”.

Diana Conti, diputada kirchnerista, respaldó “el diagnóstico” de la ministra y afirmó “coincidir totalmente con la línea política respecto de la seguridad”.

Griselda Baldata (Coalición Cívica), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, manifestó “coincidir en el diagnóstico” de Garré: “Sabemos que hay presiones, lugares liberados, ese diagnóstico lo compartimos”. Sin embargo, se declaró “crítica en cuanto a la metodología utilizada para modificar eso”. La legisladora también criticó la política de seguridad de Mauricio Macri, que calificó como “inútil”.

Eduardo Macaluse, diputado del SI, también respaldó las palabras de la ministra: “Cuando alguien hace una denuncia como ésa, la dirigencia política tiene la obligación de acompañar la depuración de una fuerza, que es un tema complejo y delicado; la dirigencia no puede ser mezquina, no se puede jugar con fuego”.

Carlos Brown  en cambio,  jefe de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde, consideró “una barbaridad” lo dicho por Garré y afirmó: “Nosotros estamos convencidos de que el camino ante las instituciones que tienen sus problemas y las personas que no actúan como corresponde es el de la Justicia”.

Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo que “ante la gravedad de las afirmaciones de la ministra, debería aclarar cuáles son las causas a las que hace mención, qué fue lo que sucedió previamente y por qué no se tomaron estas medidas con anterioridad”.


Aníbal Ibarra: “Hay que destacar la valentía de la ministra para poner en palabras lo que todos sabemos que ocurre”, concluyó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra.

Fuente :Página 12

Víctor Hugo en su programa "La Mañana," entrevista a Nilda Garre .(07-04-2011)

Víctor Hugo Morales ,en el programa La Mañana de Radio Continental, entrevista a la ministra de  Nilda Garre...sobre el tema de la  semana, el retiro de personal  de Policia Federal que  custodia edificios públicos, la deuda del gobierno de la ciudad, sus diferencias con Montenegro y el  Jefe de Gobierno ...

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Ordenan detenciones de Videla y Harguindeguy por el crimen de Angelelli ...(7-4-2011...La Rioja)

Para quienes no tienen muy presente como es el tema del asesinato de monseñor Angelli  o simplemente quieran ver  el informe de nuevo, dejo el documental completo en 5 videos -
"Con un oído en el pueblo y otro en el evangelio"....



 En La Rioja
Ordenan detenciones de Videla y Harguindeguy por el crimen de Angelelli


La justicia federal de La Rioja ordenó hoy las detenciones del ex dictador Jorge Rafael Videla (1976-1981), y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por el asesinato en 1976 del obispo Enrique Angelelli.

Fuentes judiciales confiaron a DyN que la resolución fue firmada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena luego de que les tomara declaración indagatoria a Videla y Harguindeguy, ayer en Buenos Aires.

Videla, 85 años, ya cumple prisión preventiva en el penal de la guarnición de Campo de Mayo y Harguindeguy, 83 años, detención domiciliaria en su casa de la localidad bonaerense de Los Polvorines, al encontrarse enjuiciados y procesados en otras causas por delitos de lesa humanidad.

En este proceso, Herrera Piedrabuena ya dictó la prisión preventiva del entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con seis condenas a prisión perpetua, que cumple en detención domiciaria en la casa de un hijo suyo en San Miguel de Tucumán.

De las indagatorias a Videla y Harguindeguy participaron también el secretario José Luis Combina, la fiscal federal subrogante Marta Kunath; y la defensora pública subrogante, Silvina Martínez.

En la causa también ha sido imputado el militar retirado Edilio Cristóbal Di Cesare, que desde 1976 hasta 1977 ocupó paralelamente la jefatura de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y comandó la Policía de la Provincia.

Así como el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central en la dictadura riojana.

La muerte de monseñor Angelelli, quien pertenecía a la línea tercermundista de la Iglesia católica, siempre despertó sospechas: la dictadura militar habló de accidente, pero la Justicia lo investiga como un homicidio.

El 4 de agosto de 1976, Angelelli conducía su auto desde Chamical a La Rioja, luego de denunciar que dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, habían sido secuestrados, torturados y asesinados unos días antes.

A la altura de Punta de los Llanos, sobre la ruta 38, el vehículo volcó y se sospecha que el accidente fue provocado. Arturo Pinto, quien acompañaba a Angelelli en el viaje y ahora impulsa la investigación desde su rol de querellante, relató que el vehículo fue cruzado por otro automóvil hasta que lograron hacerlo volcar.

Lo cierto es que el monseñor sobrevivió al vuelco y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, donde un rato después murió.

Algunas versiones dan cuenta de que habría sido rematado en esa agonía. La causa por el caso se cerró por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, pero con la reapertura de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad el juez Herrera Piedrabuena analizó las pruebas, escuchó testimonios y recibió planteos de querellantes para citar a indagatorias a 14 imputados, encabezados por el dictador Videla.

Según se pudo reconstruir en la causa “Angelelli, Enrique Angel s/ homicidio”, el cura se había reunido con Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, por los crímenes de los sacerdotes Murias y Longueville y del laico Wenceslao Pedernera.

Ambos fueron secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador, de Chamical.

Sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados y signos de torturas en el caso de Murias, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad.

Una semana más tarde, un grupo comando fue a buscar a su casa de Chilecito al catequista Wenceslao Pedernera, quien colaboraba con Angelelli: tocaron la puerta, preguntaron su nombre y lo fusilaron frente a su familia.

Angelelli conducía su auto hacia la capital riojana con toda la documentación en donde reportaba estos crímenes; tras el accidente, esos papeles aparecieron en las oficinas del entonces ministro del Interior Harguindeguy, reporta la causa judicial que ahora está en tramite.

Fuente:http://www.ellitoral.com

Con un oído en el pueblo y otro en el evangelio" -Documental completo.

El hombre proyecto de pueblo"

. Mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino... que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo.
Es barro que busca la Vida, es agua que mezcla lo Nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor del pueblo..
El pan que en el horno florece... ¡Es para todos, amigos! Nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo.
Porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo, porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo.
Déjenme que les cuente lo que me quema por dentro; el Amor que se hizo carne con chayas y dolor de pueblo.
¿Saben? Lo aprendí junto al silencio... Dios es trino y es uno, es vida de Tres y un encuentro... aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto.(Enrique Angelelli)



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Ecuador declara persona "non grata" a embajadora de EE.UU. y Pte Correa llama a Unasur a respaldar





Ecuador declara persona "non grata" a embajadora de EE.UU. en Quito


El Gobierno ecuatoriano declaró este martes persona "non grata" a la embajadora de Estados Unidos en Quito Heather Hudges, y le pidió que abandone el país inmediatamente. Esto sucede tras la negativa de Washington de explicar el contenido de cables divulgados por el portal WikiLeaks, que revelan que posee información reservada sobre políticas internas de instituciones policiales.



El canciller Ricardo Patiño informó en una rueda de prensa que el gobierno de Rafael Correa, pidió a la embajadora de EE.UU. que “abandone el país lo más pronto posible”.
El corresponsal de teleSUR en Ecuador, Cristian Salas, informó que Patiño “declaró a la embajadora norteamericana, Heather Hodges, persona non grata y pidió el abandono del país de la forma más rápida posible”.
Explicó que  “todo esto se da a raíz de los cables de WikiLeaks, en donde la embajadora habría denunciado supuestos actos de corrupción en la policía nacional”, reportó.

Patiño citó telefónicamente a la embajadora para solicitarle una explicación al respecto, pero recibió una respuesta negativa por parte de la diplomática, tal como lo informó Salas.
Hodges “le indicaba, según el canciller Patiño, que estos documentos fueron robados y que ni ella ni el gobierno norteamericano tenían porqué hacer ninguna aclaratoria”.

El cable diplomático de EE.UU. fue enviado en 2009 y afirmaba que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía las acusaciones de corrupción contra el policía Jaime Hurtado Vaca y aun así lo nombró comandante del cuerpo.

Asimismo se aseguraba en ese texto que "la corrupción es generalizada en las filas de la Policía" de ese país.
Ese mismo año, Ecuador expulsó a dos funcionarios de la embajada estadounidense a los que acusó de intromisión en los asuntos internos de la Policía.
Patiño explicó que es "falsa y absolutamente irresponsable"  la afirmación del cable divulgado el lunes por WikiLeaks y aclaró que el Gobierno de Correa ha actuado "muy firmemente" para mejorar a la Policía. "No podemos reconocer que la Policía en su conjunto es un organismo corrompido, pero sí que ha habido casos importantes de corrupción", señaló Patiño.

Patiño reseñó que el intento de golpe de Estado que partió en septiembre de 2010 de una sublevación policial "tiene que ver con esa decisión del Gobierno de superar los problemas que hay en la Policía”.

El pasado jueves 30 de septiembre, un grupo de uniformados alzados mantuvieron cercado por más de 12 horas el hospital de la Policía Nacional de Quito, en donde se encontraba el presidente Rafael Correa, quien denunció desde el recinto, que los sublevados intentaban acceder en actitudes violentas, a la habitación en la que se encontraba.

Después de muchas horas en incertidumbre, el presidente Rafael Correa fue rescatado del hospital el mismo jueves, en medio de un operativo conjunto de fuerzas militares y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del cuerpo policial.

En el proceso de rescate del mandatario ecuatoriano, que duró aproximadamente 35 minutos, se produjo un enfrentamiento entre los policías conspiradores y las fuerzas leales al Gobierno, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Los hechos fueron considerados por el Ejecutivo como un intento del golpe de Estado.

Fuente: teleSUR  6/4/2011


Correa insta a la Unasur a respaldar a Ecuador ante represalias de EE.UU.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que la decisión de declarar persona non grata a la embajadora estadounidense, Heather Hodges, generará represalias de Estados Unidos, por lo que instó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a respaldar a Ecuador en este asunto.



“Al menos en América Latina ya se acabó con el colonialismo y en Ecuador se van a encontrar con dignidad y soberanía”, manifestó el mandatario ecuatoriano en una entrevista para una radio local de la ciudad amazónica de Puyo, provincia Pastaza.

Correa enfatizó que la embajadora de EE.UU. “tendrá que salir del país por negarse a dar explicaciones”sobre supuestos mensajes suyos revelados por WikiLeaks.


La diplomática estadounidense había informado a su gobierno que en Ecuador “existe corrupción” en la Policía y que el mandatario ecuatoriano nombraría al general Jaime Hurtado como Comandante General de ese cuerpo “aún conociendo de su comportamiento delictivo”, dijo Hodges.

Correa señaló que probablemente los ataques contra Hurtado son “porque fue quien ayudó a desbaratar en el país las unidades policiales” financiadas por la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por su sigla en inglés) y pagadas por la embajada de Estados Unidos.

El jefe de Estado de Ecuador calificó como vergonzoso e indignante el comportamiento de la embajadora Hodges, tras asegurar que “si esto hubiera sucedido con la embajada de Ecuador en Estados Unidos, con seguridad expulsarían al embajador ecuatoriano”.

"Qué lástima que entre bastidores se esté espiando a nuestra Policía, y tratando de involucrar al Presidente de la República en casos de corrupción por parte de una mala funcionaria", subrayó.

El dignatario suramericano consideró que la intromisión de la diplomática “es muy grave” y señaló que en las tres páginas del mensaje de Wikileaks se manifiestan informaciones recopiladas al interior de la Policía, “lo cual demuestra que tienen infiltrados en las fuerzas del orden”.

El corresponsal de teleSUR en Ecuador, Christian Salas, informó este miércoles que “se espera la salida de la embajadora en las próximas horas”.

El Gobierno ecuatoriano considera que esta situación es una injerencia en los asuntos internos del país, agregó Salas.

Reportó que el Ejecutivo de Ecuador ha aclarado que “declarar persona no grata a  Heather Hodges es una acción que va contra la funcionaria y no contra el Gobierno de Estados Unidos, por lo que esperan que esta decisión no vaya a afectar las relaciones diplomáticas entre ambos países”.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño indicó en entrevista a teleSUR que, ante el hecho, Ecuador espera que el Gobierno estadounidense envíe un próximo representante diplomático y también indicó que no se está pensando en llamar a consultas al embajador en Estados Unidos, Luis Gallego, porque él “está cumpliendo con sus funciones”.
Patiño, reiteró que “las relaciones no deberían afectarse, esa es nuestra posición, esperamos que así los entiendan”.

La acción de Ecuador fue ejecutada luego de que la diplomática estadounidense se negara a aclarar la información divulgada por el portal WikiLeaks, en las que Hudges ofendió a Correa señalando que contrata a corruptos a sabiendas de sus actos ilegales con el fin de poderlos “manipular”.

En caso puntual, la embajadora se refería a las acusaciones de corrupción contra el policía Jaime Hurtado Vaca.

En el texto también se aseguraba que "la corrupción es generalizada en las filas de la Policía" de ese país.

Como respuesta, el Gobierno de EE.UU. calificó la expulsión de Hudges como “injustificada” y declaró que que examinará "las opciones" que tiene a partir de ahora en cuanto a las relaciones bilaterales.

Fuente:http://www.telesurtv.net/

Durísimo: "Tiempo Argentino, sin anestesia, emboca a Lewis y todos sus amigos"

Durísimo: Tiempo Argentino, sin anestesia, emboca a Lewis y todos sus amigos




Escrito por Leandro Renou |
Los políticos y empresarios que defienden al terrateniente Lewis. Desde hace dos años el multimillonario resiste el cumplimiento de un fallo judicial que ordena el libre acceso al lago. Por qué muchos replican su amenaza de dejar sin trabajo a todos sus empleados.





El rol de los medios.El imperio privado y por fuera del control estatal que el magnate inglés Joe Lewis creó en la zona de Lago Escondido, se construyó a fines de los años '90 sobre la base sólida de la connivencia política y el apoyo empresario. Luego de comprar en 1998 las 12 mil hectáreas por sólo U$S 3.500.000, empezó el lobby del dueño de Puma, Vans y Hard Rock Café para blindar del público la zona, ubicada a escasos kilómetros de El Bolsón, provincia de Río Negro.

El puntapié inicial del imperio de Lewis se dio a fines de ese año. Diputados trató un proyecto de ley para ampliar el área protegida Río Azul/Lago Escondido para que, justamente, el Estado pudiera tener injerencia sobre las áreas controladas por Lewis. En un principio, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, pero a la hora de votar, las presiones de los operadores del magnate dejaron el proyecto en la nada. A pesar de este antecedente, hasta el día de hoy –donde estalló un escándalo por la privatización de los caminos de acceso al lago y punteros de Lewis se establecieron en Viedma para obstruir la labor de la Corte Suprema provincial–, no se había identificado con nombre y apellido la red de adhesiones políticas, empresarias y de medios de comunicación a la privatización.

Los personajes más célebres y funcionales aparecieron en plenitud en la última constatación del área que ordenó el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas: uno de los que el 19 de marzo se interpuso al avance de la justicia en una de las once tranqueras de acceso al lago fue el empresario Juan Carlos Martínez, dueño de la cadena de supermercados El Chaqueño.

"Vengo a defender los intereses de mi amigo", decía Martínez en relación con su vínculo con Lewis. Además, el supermercadista también fue parte del escrache al Poder Judicial de Viedma, marcha en la cual alentaba a las más de 200 personas congregadas frente al edificio a coincidir en que "hoy somos todos ingleses, los trabajadores, los empresarios, todos". El dueño de El Chaqueño es uno de los cinco empresarios que a diario se reúnen con Nicolás Van Ditmar, administrador de Lago Escondido que días atrás aseveró que defendería la propiedad privada a punta de winchester. En esas reuniones, también tiene influencia Fabián Tornero, propietario del corralón Comarca Andina, que además es proveedor del emprendimiento de Lewis.

"Van Ditmar es el principal operador, vinculado a Lewis a través de su grupo inmobiliario, es el que maneja el negocio y el nexo político", dijo a Tiempo Argentino el doctor Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional Bariloche. Es que Federico Van Ditmar, padre de Nicolás, fue quien le vendió Lago Escondido a Lewis y ubicó a su primogénito como mano derecha del multimillonario. Otro de los que les puso el cuerpo a los negocios de Lewis fue el abogado bonaerense Santiago Lynch.

Es gerente de All About Kids, el predio donde Lewis recibe a colegios como método para blanquear su imagen ante la sociedad; encargado de "las relaciones con la comunidad" y según fuentes que investigan el caso Lago Escondido, además es hoy asesor jurídico de Hidden Lake. Los que lo conocen destacan la formación conservadora del letrado, que se recibió en la Universidad Católica Argentina. En las tranqueras, Lynch presumía ante la justicia diciendo: "Soy pariente del Che Guevara". Entre los que adhieren a la causa Lewis se filtró en los últimos días el presidente del Rugby Club Jabalíes, José Calviño, quien afirmó en diferentes medios pro-Lewis que hoy "el lago es mucho más público de lo que parece". Calviño es uno de los organizadores de los partidos de rugby que se juegan en las canchas que Lewis tiene cerca del lago, y su equipo ha hecho las veces de local en dicho predio.

Para hacer triunfar su empresa, Lewis creó además un bloque de medios adictos. Dos diarios reproducen sus actividades y tergiversan el humor real que hay en Viedma con la causa Lago Escondido: el diario Ruta 40 está dirigido por Nancy Aleuy, quien además es encargada de prensa de Hidden Lake; mientras que el matutino El Cordillerano tiene como corresponsal en la zona a otro vocero de Lewis. El caso de Ruta 40 es bastante particular: "Se fundó en septiembre de 2010 con la idea de cambiar la imagen negativa del emprendimiento Hidden Lake", contó a Tiempo Eliana Almonacid, referente de la Juventud Radical de Río Negro y ex trabajadora del diario. Aleuy echó a Almonacid y otros cinco compañeros en noviembre del año pasado, por negarse a juntar firmas contra la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, para declararla persona no grata por las investigaciones contra Lewis que lleva adelante desde 2005.

Además, el medio siempre pagó los sueldos en negro y los trabajadores están en juicio por salarios adeudados. "La directora nos decía que Lewis tenía comprados todos los medios, y el magnate bancaba todo el diario", dijo Almonacid. Van Ditmar era, en el periódico, el autor intelectual de la línea editorial. Pero el engranaje más importante es la pata política del respaldo a Lewis. Avalados por la hasta ahora ausente postura del gobernador radical Miguel Saiz, los funcionarios públicos armaron dos frentes para apoyar al magnate.

Por un lado, se constituyó virtualmente el grupo de choque encargado de disuadir cualquier protesta contra Lewis. En este grupo ingresan el comisionado de El Manso, Jesús Carro; y el intendente de El Bolsón, Oscar Romera. Romera fue, junto con Van Ditmar y un grupo de civiles pagos, quien estuvo al frente en marzo de 2009 de una represión a una manifestación de la CTA Neuquén a favor de la soberanía argentina en el Lago. Legisladores que investigaron el caso contaron a este diario que, en esa ocasión, y ante la posibilidad de que la protesta llegara a las puertas de la mansión de Lewis, el magnate cerró un acuerdo con la policía: mientras Romera y Van Ditmar frenaban a la CTA y a algunos vecinos, el grupo Bora, la división antimotines de la policía, esperaba en la casa como el último recurso de la represión.

Por fortuna, el cuerpo no tuvo que actuar. De cualquier forma, el fanatismo de Romera tiene una explicación: fuentes cercanas al funcionario contaron que su hija, Nieves Romera, trabaja actualmente en la empresa Lago Escondido y aspira a ser concejal. Junto a Carro, uno de los que hoy está al frente del escrache a la Corte Suprema, Romera es conocido en la zona como cabeza del grupo de "los amigos de Lewis".

De todos modos, los vínculos políticos son aun más profundos en el segundo eslabón del apoyo gubernamental: el de las habilitaciones y permisos. El titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro, Oscar Echeverría, fue uno de los señalados por Odarda "como uno de los amigos de los poderosos que se están quedando con nuestros recursos naturales". A pesar de su rol de control estatal, Echeverría vacaciona en la estancia de Lewis, y fue el encargado de decir que el camino público de acceso al lago no estaba en condiciones, cuando en la constatación judicial se probó que lo único que faltan son los puentes, presuntamente derribados por Lewis. Con este ardid, se intentó frenar el ingreso judicial a las propiedades del millonario.

De hecho, por estas trabas recién el 19 de marzo, luego de 12 años de lobbies y presiones, la justicia confirmó que Lewis tiene dos mansiones sobre el camino público. Pero hay más: Sergio Plunket, ingeniero del organismo Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), responsable de controlar los caminos públicos, ejerce además como consultor ecológico privado de Hidden Lake, con un doble rol. Concretamente, Plunket firma las declaraciones de impacto ambiental de los emprendimientos de Lewis. Se hizo célebre por autorizar la construcción del aeropuerto de Van Ditmar en otra zona de la Patagonia. Paradójicamente, y por sostener su teoría de que el camino de montaña –una sinuosa ruta que se hace con baqueanos– puede usarse para llegar al lago sin necesidad de utilizar el que hoy privatizó Lewis, Plunket se accidentó al caer del caballo subiendo una pendiente. Hoy goza de licencia médica.

Otro de los funcionarios vinculados al inglés es Jorge Belacín subsecretario de Tierras y Comarcas del gobierno provincial. Hoy recae sobre él una denuncia del diputado Luis Bardegia, del Foro Rionegrino (una vertiente del Frente para la Victoria), que lo acusa de haber entregado tierras a Lewis para la especulación. "En 2008, Belacín aprobó la venta de un terreno fiscal al titular de la empresa Forestal Rionegrina, José Martínez Pérez, que se la vendió ocho meses después a Nicolás Van Ditmar, violando las leyes de protección de la tierra", dijo Bardegia a este diario. En la causa se confirmó que Van Ditmar compró inmediatamente con recursos de Lewis, lo cual está prohibido por norma, ya que para evitar la especulación no pueden venderse terrenos hasta luego de cinco años de adquiridos. Actualmente, los fiscales estudian cinco expedientes nuevos respecto de estos procedimientos, en algunos de los cuales también aparecería Lewis.

El caso Lago Escondido dividió aguas además en el seno más concentrado de las decisiones políticas. El tema tensó aún más la relación entre Miguel Saiz y Bautista Mendioroz, vicegobernador de Río Negro. Mendioroz es la voz anti-Lewis frente a la improcedencia de Saiz, y fue quien en los últimos días repudió y denunció las declaraciones de Van Ditmar de proteger a Lewis mediante el uso de las armas. "Ellos vinieron a Viedma, con una protesta armada, para demostrar que son más fuertes que el Estado, que son impunes", concluyó la legisladora Odarda en una descripción que pinta el escenario a futuro.

Ahora, con el conflicto nacionalizado y con los negocios del magnate al descubierto, todo está en manos de la Corte de Río Negro, que podría expedirse en menos de 10 días respecto a la liberación al público de los caminos que Lewis tomó irregularmente para sí.

Informe: Violeta Mucci para Tiempo Argentino. 

Fuente: 
http://www.mensajerodigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7606%3Adurisimo-tiempo-argentino-sin-anestesia-emboca-a-lewis-y-todos-sus-amigos&catid=3%3Aactualidad&Itemid=7

Gracias Tato!!!!!!!

Eduardo Aliverti, editorial y otros audios(Marca de Radio) Abril 2,2011

Marca de Radio, Editorial y audios del programa del sábado 2 de Abril-




Video 1-Editorial -
¿Habría ocurrido el infernal despliegue mediático que siguió al bloqueo a la distribución de Clarín si hubiera una oposición cuya jefatura no fuera Clarín?






Video 2- "Que se vayan todos, de Medio Oriente"-
Internacionales con Pedro Brieger.






video 3- "Mínimos y Acuerdos"  parte 1-
econocía con Carlos Heller







video 4- "Mínimos y Acuerdos"  parte 2-

econocía con Carlos Heller-


Clarín pudo sacar su diario a pesar del bloqueo, pero quiso victimizarse!!!

informe de Tiempo Argentino 5-04-2011




Clarín pudo sacar su diario y no lo hizo para victimizarse

La planta de impresión de la calle Zepita tiene otros seis portones por donde pudieron haber salido los camiones


Además, la edición del domingo 27 pudo haber sido impresa en la planta que el grupo tiene en la provincia de Santa Fe o en alguna otra empresa. En el año 2000 hubo una protesta similar, sin embargo los camiones distribuyeron el diario

Hace nueve días, la Argentina entera asiste a un show mediático falaz donde el Grupo Clarín se presenta como víctima de un atentado a la “libertad de expresión”, mientras en simultáneo busca demonizar con la potencia de todas sus licencias radiales y televisivas al gobierno de Cristina Kirchner, a la CGT de Hugo Moyano, a la juventud militante y a la prensa antimonopólica.
Se trata del mismo grupo empresario –con posición dominante en el mercado de la comunicación desde hace décadas– que fue kirchnerista hasta que le arrebató al gobierno la extensión de sus licencias, para pasar luego a ser salvajemente opositor cuando el mismo kirchnerismo, en un rapto de lucidez y autopreservación notables, le impidió quedarse con la empresa Telecom.


Héctor Magnetto, CEO del grupo editorial y capataz ideológico de los opositores sin programa ni chances, está urgido por voltear, esmerilar, dañar y atacar –con noticias, “ciertas o falsas, no importa”, según la línea que bajó a los cuadros gerenciales y periodísticos que dirigen sus medios– al inmenso arco de personalidades y organizaciones políticas y sociales que en su pelea por democratizar la información en nuestro país debilitan cotidianamente su hegemonía en el discurso público, hoy mucho más plural y abierto que hace tres años.

Es en este contexto de guerra, a todo o nada, donde la verdad se convierte en un elemento accesorio y hasta peligroso para el hombre que alguna vez se pensó más poderoso que un presidente. Después de una investigación que duró una semana, y que incluyó prácticas del manual de periodismo básico, Tiempo Argentino está en condiciones de afirmar que el domingo 27 de marzo el diario Clarín no salió a la calle por una decisión empresaria, aprovechando en su favor el bloqueo testimonial de los delegados de AGR, su firma impresora, en conflicto hace siete años –van para ocho– con la empresa de Magnetto por la persecución gremial y penal contra los integrantes de la Comisión Interna. Como bien detectó Edi Zunino, jefe de redacción del semanario Noticias, a quien nadie podría calificar de oficialista: “El condenable bloqueo terminó siendo un monumental golpe de márketing libertario e independentista para Clarín, que hasta hace unos cuarenta meses jugaba otro juego muy distinto con la excusa de que la mayoría de ‘la gente’ apoyaba al oficialismo.”


Clarín comunicó a la sociedad que piquetes moyanistas bloquearon las puertas de su planta impresora de Barracas, sobre la calle Zepita, evitando así la salida de los camiones con sus ejemplares dominicales. La verdad de lo sucedido en la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 es que frente a cuatro de los portones que se extienden sobre Zepita se colocaron 60 manifestantes, miembros de la Comisión Interna gráfica, familiares e integrantes de otros gremios solidarios con sus reclamos. No dijo Clarín, ni nadie que se haya ocupado en serio del conflicto, lo que un periodista de este diario comprobó caminando alrededor de la planta de 34.520 metros cuadrados, delimitada por las calles Zepita, Magaldi, Luna y Ascasubi (esta última, privatizada por Clarín, donde hay una garita de seguridad permanente): existen otros seis portones por donde los camiones podrían haber salido sin inconvenientes.


Veamos el testimonio de un gráfico que no participó de la protesta gremial –de quien se preserva su identidad porque peligra su empleo– sobre esa noche: “El diario no salió porque el diario no quería. Ellos tienen una distribuidora propia dentro de la planta que se llama José C. Paz, que tiene salida por otros portones.”


Otro gráfico, presente en el piquete, describió la acción de los manifestantes: “La planta tiene varias puertas, pero nosotros no bloqueamos ninguna. Nosotros nos paramos en las calles por donde habitualmente salen los camiones hacia el centro de distribución. Pero no hubo un solo camión que haya intentado salir de la planta. Directamente se quedaron adentro.”


Además de enviar un periodista a la zona para que cuente simplemente lo que vio, vale en estos casos recurrir al archivo o hemeroteca para saber qué sucedió la última vez que trabajadores de Clarín intentaron bloquear la salida del diario por una acción sindical. Hay que remontarse al 4 de noviembre de 2000, cuando periodistas despedidos del diario, también acompañados de sus familias, quisieron frenar su distribución. 


El piquete duró dos horas, pero la salida de camiones de gran porte que amenazaron con pisarlos los hizo desistir. “Siempre que el diario se imprimió, salió”, recuerda el periodista Pablo Llonto. La única vez que no lo hizo fue el 14 de julio de 1989, porque 400 trabajadores, entre gráficos y de redacción, tomaron la planta Zepita en reclamo de aumento de salarios, y el diario no pudo imprimirse. Lo curioso es que aquella vez Clarín no denunció un ataque a la “libertad de expresión”. Un cable de la agencia de noticias DYN (del propio Clarín) reflejó el hecho como “un conflicto gremial”.

Volviendo a lo ocurrido la última vez, ya se dijo que la planta de Zepita tiene diez portones, de los cuales sólo cuatro estaban esa noche afectados por la protesta; esto es cierto, tanto como que con tan escaso número de adherentes hubiera resultado imposible para los trabajadores en lucha impedir la salida de cuatro camiones a la vez. Pero aun dando por sentado que Clarín no haya querido escenas de tensión sobre Zepita (lo que está en duda porque su historia patronal lo desmiente), ni sobre ninguna de las otras puertas del complejo, en las seis horas que duró el tira y afloje podría haber enviado por Internet sus páginas ya cerradas a otra planta que las imprimiera y llegar a los kioscos normalmente, con tirada reducida o completa. 


Por caso, la imprenta de Editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, imprime 100 mil ejemplares por hora, calculando un diario de 96 páginas solamente, porque los suplementos de Clarín (Economía, Turismo, Clasificados y la Revista Viva) ya estaban distribuidos con antelación en los kioscos. Pensemos en detalle: cargar los PDF de las páginas lleva poco más de una hora, hacer las planchas otro tanto, y una impresión de 350 o 400 mil ejemplares, algo más de tres. En total, unas cinco horas. El bloqueo comenzó a las 22 del sábado. Viendo que no había acuerdo, tipo medianoche, el operativo de emergencia podría haber tenido el diario completo en la calle a las 4 de la mañana. O quizá a las 5.

Para salvar “la libertad de prensa” que Clarín declama, el costo total del operativo, tanto en impresión como en papel, no hubiera superado el millón de pesos. Parece mucho, es cierto. Pero el tarifario de Clarín refleja que si algo no le falta a Héctor Magnetto es dinero: un aviso de página completa, impar, entre las 13 primeras de la edición, cuesta $ 550 mil. Página par:
$ 400 mil. Sólo en esas páginas, y aun haciendo descuentos, que los hace, Clarín factura, en teoría, 2 millones de pesos por domingo.


Poco se habla de la segunda planta de impresión que tiene el grupo. Está en Santa Fe, en la localidad de Sauce Viejo. Esa noche imprimió 200 mil ejemplares, 110 mil más que los habituales. Está en el km 457 de la Ruta 11. Tiene 4000 metros cuadrados. Es una zona estratégica: frente a un aeropuerto. Y esa madrugada del 27 de marzo llegó con ejemplares del diario “censurado” hasta las localidades bonaerenses de Pergamino y Junín. ¿Por qué no abasteció ante la crisis, aunque con la demora del caso, al Conurbano y Capital Federal? ¿Por qué, si estaba en juego “la libertad de expresión”, no salieron a suplir el faltante de ejemplares las otras dos plantas que tiene Clarín en Mendoza y Córdoba?


Un tercer trabajador gráfico, en riguroso off the record, crítico de los delegados de AGR, admitió lo obvio: “El quilombo a Clarín le vino como anillo al dedo. Podrían haber sacado la edición completa desde Santa Fe, pero no quisieron.”


La falsa inmolación de Clarín como defensor de “la libertad de expresión” es parte de la ofensiva del grupo para “chavizar” al gobierno de Cristina Kirchner y asociar el nombre de Hugo Moyano con todos los delitos del Código Penal, en una estrategia general que busca involucrar a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su pelea política con fines estrictamente comerciales. Algo que viene preparando hace ya un año, desde que Magnetto presentó su libro rojo, victimizándose por la entrada en vigencia de la Ley de Medios de la Democracia y preparándose para dar batalla afuera, incluso, de la Argentina, estimulando la solidaridad de clase con otras patronales mediáticas de la región.


Un párrafo aparte merece la denuncia de “extorsión” del domingo pasado contra Luis Siri y los delegados de AGR. Primero, lo primero: ninguna de esas notas llevaba firmas. Eso quiere decir que el contenido no es periodístico, sino empresario, bajado a la redacción directamente por sus accionistas. Tan grave en su contenido, que ni siquiera Ricardo Kirschbaum, editor general, se animó a rubricarlo.
El video registrado con cámara oculta al que alude esa nota, y que anoche Telenoche y TN dieron editado para sostener la supuesta extorsión de Siri y otros gráficos en conflicto, se parece más a una operación tendiente a ocultar la verdad que a descubrirla, lo cual atenta contra el derecho a la información veraz que exige el Pacto de San José de Costa Rica, al que nuestro país suscribe con rango constitucional. Para empezar, y tomando en cuenta sólo las partes recortadas y emitidas:

1) Se confirma que el 17 de febrero Clarín ya sabía que Siri y los otros podían intentar el bloqueo de la planta y la empresa no armó ningún plan de contingencia para evitarlo. Más bien, dejó que sucediera.

2) Se los muestra negociando en el bufete de abogados del Grupo, en Puerto Madero, donde estos trabajadores que vienen encabezando un duro y extenso conflicto gremial fueron previamente citados, pero nunca se aclara con qué intención.

3) Aunque la edición procura demostrar que Clarín recibió un pedido de dinero de parte de los trabajadores, viendo el material no se puede descartar que este tópico haya sido introducido en la charla por los ejecutivos de Clarín.

4) Siri y sus colegas, en su momento, fueron denunciados por Clarín por “privación ilegal de la libertad” en el marco de una acción sindical. La justicia penal, luego de más de un lustro, en un proceso oral y público, decidió absolver a los trabajadores. El resarcimiento económico por la falsa denuncia como “secuestradores” sobre estos empleados aún está pendiente.

5) Tampoco se puede descartar que los trabajadores hayan estado hablando de eso o de sus eventuales indemnizaciones para no regresar al trabajo en la planta, ya que el clima de hostigamiento en su lugar de trabajo fue, incluso, verificado por el Ministerio de Trabajo.

6) Si estuviéramos frente a un delito de extorsión, que es lo que sugiere la edición, sería un hecho repudiable, pero no hay elementos que confirmen este supuesto más allá de la intencionalidad del editor, que aborrece del trabajador. Por eso llama la atención que la crónica de Clarín de ayer vuelve a salir sin firma periodística, es decir, vuelve a bajar desde las oficinas de los accionistas del grupo. En eso, copian a las operaciones empresarias del caso Graiver, donde el grupo terminó haciendo un verdadero papelón con Isidoro.

7) Si mintió Clarín cuando denunció a Siri y los otros por “privación ilegal de la libertad”, delito que fue desestimado por la justicia, ¿por qué ahora estarían reflejando la verdad de lo sucedido?

8) ¿Por qué, para no dejar lugar a dudas, no emiten el crudo completo de la grabación con cámara oculta? Tiempo Argentino se ofrece para reproducir el diálogo registrado en video, sin recortes ni edición, cualquiera fuese el contenido.

Por último, puestos a reflexionar sobre el meneado escándalo de la “libertad de expresión” y la tapa en blanco que Clarín dedicó a victimizarse por el diario que pudo sacar y no quiso, lo único que va quedando en claro es que el régimen patronal de las empresas de Magnetto retrocede al siglo XIX: hasta el propio Kirschbaum admitió que está mal que no haya comisiones gremiales internas en el diario.

Luis Siri, en principio, fue la cabeza de una protesta gremial que lleva siete años. Logró para sus compañeros lo que exigía desde el comienzo: reincorporaciones, mejoras en las condiciones y una intervención del Ministerio de Trabajo que, en los hechos, se tradujo en un nuevo estatuto laboral para los trabajadores de AGR.


¿Es correcto que Siri sea filmado con cámara oculta mientras negocia con su patronal?
¿Tiene derecho Siri o Juan Pérez, no importa a esta altura, a discutir su indemnización como cualquier trabajador, después que logró que se respetaran derechos a sus compañeros, sin que sea vejado por su patronal con una grabación a escondidas?
¿Qué sucedería en la Argentina si cada trabajador pudiera tener una cámara oculta cuando se sienta a hablar con los empresarios o los gerentes de RR HH?


Hay mucha hipocresía en esta historia.
Una, dejar que el diario que silenció el genocidio se convierta ahora en custodio virginal de la “libertad de expresión”.
La otra, que el diario que impide la agremiación en sus redacciones dé lecciones de moral sindical.
Es como mucho, ¿no?



 Fuente:http://tiempo.elargentino.com/notas/clarin-pudo-sacar-su-diario-y-no-hizo-para-victimizarse